Senado aprueba idea de legislar sobre uso de agua de mar para desalinización

Legisladores contrarios a la iniciativa señalan que desincentiva al sector privado a invertir en este tipo de tecnología.

Esta semana la sala del Senado aprobó la moción sobre el uso de agua de mar para desalinización, pese a discrepancias entre los parlamentarios.  La iniciativa fue aprobada en general por 14 votos a favor y 8 en contra y la principal discusión se centró en que -a juicio de algunos legisladores- el texto legal limitaría el agua de mar para desalinizar, además de traspasarle a la empresa privada un costo que no correspondería.

 El proyecto de ley tiene por objeto regular ciertos vacíos de la actual normativa e imperfecciones legales.

En concreto, mantiene el carácter de bien nacional de uso público respecto del agua de mar desalada que se obtiene del funcionamiento de las plantas desalinizadoras; dispone que ésta sólo podrá ser aprovechada por los titulares de la concesión marítima, en la cantidad y con la finalidad con que fueron requeridos, debiendo restituir cualquier exceso en las condiciones adecuadas para no producir daño al medioambiente.

 También regula la creación de una Estrategia Nacional de Desalinización y la instalación de plantas, procurando su utilización preferente para el consumo humano, doméstico y el saneamiento; y el uso eficiente, armónico y sustentable del borde costero. Busca además evitar daños ambientales y recuperar acuíferos terrestres sobreexplotados, entre otros.

Durante el debate, la senadora Adriana Muñoz -una de las patrocinadoras de la iniciativa- manifestó que esperan que, en particular, se introduzcan “las enmiendas necesarias para que el texto sea eficaz, teniendo en cuenta que existen 20 plantas desalinizadoras y hay 20 en trámite”. La legisladora enfatizó que la moción “no busca limitar el desarrollo de las plantas, sino que establecer un marco normativo que regule su gestión”.

Por su parte, los senadores Ena Von Baer, Rodrigo Galilea y Carmen Gloria Aravena se mostraron en contra de la propuesta ya que, a su juicio, desincentivaría a las empresas en invertir en este tipo de tecnologías. Aravena precisó que, así como está redactado, el proyecto es complejo: “Siendo objetivos y entendiendo el sentido de esto, creo que debería ser un tratamiento de políticas públicas o que el Estado invierta en desalinizadoras estatales. (…) Nos puede parecer bueno o malo, pero la empresa privada busca la rentabilidad y eso no podemos desconocerlo”.

FOTO: RAÚL GOYCOOLEA