Japón se retira de la Comisión Ballenera internacional

Pese a que diversas organizaciones animalistas haan denunciado que Japón realiza una caza comercial de ballenas encubierta, dicho país había respetado la moratoria que protege al cetáceo desde 1982, siendo miembro de  la comisión desde 1951.

Pero eso ya ha terminado, luego que ayer el ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, dijo que a partir de julio próximo los balleneros japoneses reanudarán sus actividades en sus aguas territoriales y en su zona económica exclusiva.

”En su larga historia, Japón ha usado a las ballenas no sólo como una fuente de proteína, sino también para una variedad de propósitos diversos”, explico el Suga.

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La decisión se tomó luego que no lograra convencer a otros integrantes para modificar la moratoria en la caza de ballenas y permitir una pesca regulada por la CBI. Cabe destacar que durante su permanencia en la comisión Japón ha seguido capturando ballenas en aguas del Océano Antártico y el Pacífico Norte,  supuestamente con fines científicos, lo que ha sido cuestionado por organizaciones animalistas.

Esa posibilidad está recogida en la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, firmada en 1946, aunque organizaciones animalistas han acusado a Japón de cazar ballenas más allá de razones científicas.

La salida de Japón de la CBI se produce luego que los miembros de la CBI rechazaran  la propuesta de Japón de crear un comité de caza sostenible. Según se conoce, el Gobierno nipón estaba estudiando que la caza comercial de cetáceos en sus aguas se limitara a ciertas especies, como la ballena minke (rorcual aliblanco), de la que se calcula que hay un número de ejemplares relativamente abundante.

En el comunicado de prensa leído por Suga, se explica que la “evidencia científica” indica que “determinadas especies y poblaciones de ballenas son abundantes”. “La caza de ballenas se llevará a cabo de acuerdo con el derecho internacional y dentro de los límites de captura calculados de acuerdo con el método adoptado por la CBI para evitar un impacto negativo en los recursos cetáceos”.