Vertimientos de contaminantes en las zonas costeras podrían tener penas de cárcel

Entre 61 días y cinco años de presidio enfrentarían los responsables de conductas que generen un daño significativo al medioambiente, como vertimiento de petróleo, carbón u otro elemento.

El 22 de enero el gobierno ingresó a la Cámara Baja el proyecto de ley sobre delitos ambientales y daño ambiental (boletín 12398-12).

La iniciativa busca disuadir conductas graves contra el entorno, al sancionar con penas de cárcel a quienes cometan el delito y fuertes sanciones a las empresas responsables. Asimismo, se fortalecerá el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El proyecto establece multas de hasta $48,3 millones a quienes sean responsables de daño al medioambiente en territorio nacional, dando así respuesta a una de las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo en su Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile de 2016.

El asesor legislativo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Pedro Pablo Rossi, explica a Nuestro Mar que este proyecto era necesario porque, aunque nuestro ordenamiento jurídico contempla algunos delitos especiales relativos al medioambiente “no existe una figura general destinada a sancionar las afectaciones graves contra el medioambiente (…) Ahí radica la importancia de este proyecto de ley, pues permitirá perseguir penalmente conductas que hoy en día no están reguladas y que, por tanto, quedan impunes desde el punto de vista penal”, indica.

El proyecto establece multas pecuniarias entre 501 a 700 UTM (entre $24,2 millones y $33,8 millones) y sanciones de cárcel desde los 61 días a los 3 años; lo que aumenta si el perjuicio se realiza en un área protegida, en cuyo caso la multa oscila entre 801 a 1.000 UTM (de $38,7 millones a $48,3 millones) y un penas entre los 541 días y los 5 años, cuando es dentro de un área protegida.

Rossi explica que el proyecto sanciona, principalmente, las conductas dolosas, ejecutadas con la intención de causar el daño ambiental e incorpora aquellas en que el perjuicio es causado por un actuar negligente o imprudente. Además, “el proyecto establece la responsabilidad de las personas jurídicas por delitos ambientales, haciendo un fuerte énfasis en la prevención, para que El asesor del MMA agrega que, en el caso de un vertimiento contaminante en el borde costero, como petróleo, carbón u otro, si el Tribunal Ambiental determina que esta conducta generó un daño significativo al medioambiente, el responsable deberá reparar el daño. Posteriormente, la Superintendencia de Medio Ambiente podrá querellarse contra los responsables. Si tras ello los tribunales penales determinan su culpabilidad, los responsables arriesgan penas de cárcel.

Respecto a los delitos en el ámbito de la pesca, Pedro Pablo Rossi explica que este proyecto no está enfocado en esta materia, ya que tiene un enfoque general. “Se estima que materias más específicas, como la pesca ilegal, deben ser reguladas por leyes especiales”, indica. En el caso de un escape de salmones desde un centro de cultivo, por ejemplo, señala que si esto “genera un daño significativo al ecosistema, éste debería ser reparado y si es grave debe ser además sancionado. Será función de los tribunales el determinar caso a caso si un escape de salmones genera un detrimento significativo al medio ambiente y si debe ser sancionado penalmente”.

FOTO: Carlos Acuña